Mujeres, Indígenas, Personas LGBT y con Discapacidad en Indefensión con la Reforma Constitucional sobre Justicia Electoral

Por José Bárcenas

En materia de paridad y participación política de las mujeres, debemos hacer frente a una regresiva propuesta de reforma constitucional, impulsada por la mayoría de los partidos políticos y que será discutida este jueves.

Tal iniciativa no solo afecta a las mujeres, sino también a grupos históricamente vulnerados que han accedido a cargos públicos a través de acciones afirmativas, como es el caso del colectivo LGBT, personas con discapacidad, indígenas y afrodescendientes, entre otros.

Con el Plan B se buscó afectar directamente al INE. Con esta nueva iniciativa de reforma constitucional se pretende dañar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), acotando sus atribuciones; y mermar los logros en materia de paridad, igualdad, acciones afirmativas, inclusión y combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG).

Desde 2014, que se incluyó en la Constitución el principio de paridad, el INE y el TEPJF han impulsado acciones que han apoyado al cumplimiento de dicho principio. Esto no hubiera sido posible sin la adopción de acciones afirmativas que posibilitaron condiciones de competitividad de las mujeres frente a los hombres, atendiendo precisamente a los contextos de desigualdad estructural para ser postuladas y, en consecuencia, poder acceder a cargos públicos.

Recordemos que gracias a los criterios del TEPJF se evitó la simulación en el caso Las Juanitas y se ha obligado a los partidos políticos a cumplir con la paridad en todo -incluyendo órganos directivos como en la Cámara de Diputaciones y ahora para la Presidencia del INE-, a postular mujeres en distritos competitivos y a aplicar la paridad vertical, horizontal, transversal y sustantiva.

Los partidos políticos han sido renuentes en cumplir con el principio constitucional de paridad y con las acciones afirmativas. Por ello, ahora pretenden nuevamente acotar las atribuciones del TEPJF, pero esta vez a nivel constitucional, para dejarla al gusto del patriarcado.

La iniciativa impone una reserva de ley para las acciones afirmativas, la paridad y los asuntos internos de los partidos políticos. Esta reserva de ley a las acciones afirmativas frenaría los avances que se han hecho por las acciones del TEPJF y del INE, a favor de grupos históricamente discriminados.

La reforma también generará un sistema de indefensión parcial que nos afectará a quienes hemos sido históricamente vulneradas: mujeres, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, integrantes del colectivo LGBTQ+, etc.

Se pretende federalizar las acciones afirmativas al dejarlas de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, cuando nos consta que en materia de derechos de las mujeres generalmente incurren en omisión legislativa, y la propuesta no señala qué se hará cuando no exista una norma aplicable al caso.

La iniciativa ciñe la acción de interpretación del TEPJF al tenor literal del texto de la norma y limita su competencia a temas estrictamente electorales. Este sometimiento a la interpretación literal de la ley es tanto como considerar que los derechos político-electorales no son derechos humanos.

Y también es muy grave que la propuesta elimina la posibilidad de que el TEPJF inaplique normas contrarias a los derechos humanos. La propuesta de iniciativa es claramente inconvencional -con lo cual se incurriría en responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano- y contraría al artículo 1º constitucional, violatoria de derechos humanos, de los principios de progresividad y pro persona.

Exigimos que el Legislativo Federal respete el sistema de pesos y contrapesos. Y el TEPJF ha servido de contrapeso a los excesos de los otros dos poderes. Ha sido empático, humanista, y protector de los derechos de las mujeres y las minorías, cumpliendo con su función constitucional y convencional, a pesar del disgusto de las mayorías, de los poderosos.

Es fundamental que las mujeres no dejemos de alzar la voz para no dar marcha atrás en nuestra lucha por la igualdad política. Debemos proteger a la paridad, que tanto costó lograr, frente a los intentos de vulnerarla.

Y también es momento de que las mujeres legisladoras que se han visto beneficiadas por la paridad y por las acciones afirmativas, valoren lo que heredaron de forma gratuita -a partir de la lucha de otras mujeres- y refrenden su compromiso con estos logros que hicieron posible que ocupen una curul en esta “Legislatura de la Paridad y la Inclusión”.

“Por una democracia paritaria, libre de violencia política contra las mujeres en razón de género”