Por discriminar a dos mujeres trans al impedirles ingresar al baño de mujeres, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó a la plaza comercial Reforma 222 y a la empresa de seguridad que la resguarda (Protección Privada 2010) al pago de una indemnización por daño moral y de daños punitivos.
De acuerdo con el expediente, Jessica y Alessa fueron discriminadas en 2015 por guardias de seguridad y personal de atención a clientes del centro comercial Reforma 222, al impedirles el acceso al baño de mujeres. Un año después, Alessa fue víctima de un crimen de odio; pero antes de morir, presentó una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, acompañada de Jessica.
Ante dicha autoridad se celebró un convenio, pero aún así la empresa propietaria del centro comercial y la de seguridad se negaron al cumplimiento relativo a la compensación por daño psicológico. Por tal motivo, las dos mujeres trans procedieron a demandar por la vía civil.
En la segunda instancia se acreditó el acto discriminatorio solo en contra de una de las mujeres trans, pero no de su acompañante, lo que provocó que negaran las medidas de reparación integral y el pago de daño moral. Por ello, ambas promovieron juicios de amparo directo que la Corte atrajo para su resolución.
Ahora, por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte avaló el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena quien propuso otorgar la protección de la justicia a las dos mujeres trans, ya que se incumplió con la obligación de juzgar con perspectiva de género, mientras que las empresas demandadas incurrieron en actos de discriminación, lo cual es un hecho ilícito, por no reconocer el derecho a la identidad y expresión de género de las agraviadas.
El fallo sienta un precedente y establece la ruta que debe seguirse para atender los casos de discriminación de las personas trans, ya que «la conducta discriminatoria perpetúa estereotipos y estigmas en contra de las personas LGBTIQ+, por lo que además de ser sancionada debe ser desincentivada», asegura el proyecto del ministro.
