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Derechos Humanos

Solicitan Protocolo en Escuelas sobre Infancias y Adolescencias Trans y No Binarias

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La Red de Familias Trans, junto con otros activistas grupos y asociaciones, solicitaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que emita un protocolo de actuación para proteger a las infancias y adolescencias trans y no binarias, así como para prevenir la discriminación en entornos escolares. 

En una misiva enviada a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), advirtieron que la SEP esta obligada a garantizar el derecho de la población mexicana a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, con especial énfasis en el interés superior de infancias, adolescentes y juventudes, en todos los niveles y modalidades.
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Sin embargo, denunciaron que muchos directivos escolares no saben cómo abordar al estudiantado trans, por lo que las familias de la Red se apoyan mutuamente y facilitan a las autoridades un «Protocolo de actuación para espacios escolares en caso de Infancias y Adolescencias Trans* y No Binarias» elaborado por la Asociación de Infancias Transgénero.

Indicaron que en ocasiones las autoridades escolares muestran voluntad de apoyar, así que la Red da seguimiento y acompañamiento para garantizar sus hijes, hijos e hijas tengan una educación libre de bullying, discriminación y violencia, permitiéndoles ser felices y enfocarse en sus estudios en el aula.

No obstante, algunas autoridades escolares se niegan a hacerlo debido a que el protocolo no cuenta con el aval de la SEP, a pesar de que sus hijes, hijos e hijas tienen pleno derecho a recibir dicho apoyo.

La Red de Familias Trans apuntó que la población trans y no binaria en los espacios escolares, y las problemáticas que enfrentan, requieren de una pronta actuación por parte de las autoridades escolares. «Su presencia en estos espacios no puede ser ignorada», enfatizó

Estas realidades, subrayó, establecen un cambio de paradigma que evidencia desde la Convención sobre los Derechos del niño (UNICEF 1989), que prescribe el derecho a formarse un juicio propio y establece el interés del niño como un límite a las decisiones respecto a sí mismo que pueden tomar tanto el Estado, como los adultos en general.

«Estos procesos sociales transforman la concepción sobre la infancia, para que puedan hacer uso de su autonomía, cambiar su nombre de acuerdo a su identidad de género autopercibida y que tengan derecho a que se les respete en todos los ámbitos», puntualizó

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